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Universitas-XX1, Revista de Ciencias Sociales y Humanas de la Universidad Politécnica Salesiana del Ecuador,
No. 39, septiembre 2023-febrero 2024
na, 124 casos a la población civil y las cifras restantes se distribuyen entre
población afrodescendiente, minero-artesanal, ambientalista, comunal, sin-
dicalista, representación de víctimas y diversidades, con una tendencia cre-
ciente en comparación a años anteriores.
En este proceso de transición política hacia la paz, también la desaparición
forzada, catalogada por el Instituto Interamericano de Derechos Humanos,
como “un acto inhumano que transgrede la identidad, dignidad y la integri-
dad de la persona desaparecida y la de sus familiares ya que viola múltiples
derechos humanos y pretende hacerles invisibles e inexistentes para siempre”
(200, p.14), sigue presentando cifras signicativas, de acuerdo con el Infor-
me sobre la situación de las Desapariciones Forzadas en Colombia expuesto
ante el Comité contra la Desaparición Forzada de Naciones Unidas, citado por
Chinchón Álvarez y Rodríguez (2018), aproximadamente se reportan 80 000
personas dadas por desaparecidas a nivel nacional; mientras que en el RUV
(Registro Único de Víctimas) se registran 160 000, de las cuales 46 000 co-
rresponden a las víctimas directas y el resto, a sus familiares. Las anteriores
cifras también revelan la enorme diferencia entre reportes ociales y no o-
ciales de estos casos, lo que pone de maniesto las disputas políticas que sub-
yacen al conicto y los procesos de reparación e impactos reales del conicto.
A nivel departamental, especícamente en Meta, se registran 32 casos acu-
mulativos desde 2016 (Indepaz y Marcha Patriótica, 2020; Gómez, 2020). De
acuerdo con el Registro Único de Víctimas, hasta la fecha existen 2491 vícti-
mas del conicto armado en el Meta; de los cuales 254 corresponden a personas
en situación de desaparición forzada (Centro Nacional de Memoria Histórica,
2018). Un informe detallado sobre el perl de líderes sociales asesinados indica
que tanto este hecho como la desaparición forzada están fuertemente ligados,
es decir, la dinámica de violencia utilizada para silenciar la vida de estas vícti-
mas puede estar representadas en uno o en ambos delitos antes mencionados.
Frente a las disputas políticas y sociales que se disputan el gobierno, ac-
tores al margen de la ley y víctimas en la consolidación de un proyecto de
paz con justicia y reparación, es necesario conrmar escenarios de opinión
pública y ciudadana donde, sin duda, los medios de comunicación tienen un
rol trascendental, pues según (Huerta et al., 2011), son un actor político que
moldea los pensamientos, comportamientos y acciones de sus receptores.
Es hasta el periodo presidencial de Santos, en el que se inician y con-
cretan diálogos con el grupo FARC-EP. En 2005 surge la Ley de Justicia y
Paz presentada por el entonces presidente Álvaro Uribe, la cual no se lleva a